Nueva reforma de la Ley del Aborto

En una sociedad democrática la legislación debe regirse, entre otros principios, por el de evolución y adaptación a los cambios sociales, por tanto, el progreso debería ser un ideal de fondo de cualquier cambio legislativo, sin embargo la nueva Ley de Interrupción del embarazo que se nos anuncia por el gobierno provoca una involución que, además, no tiene justificación social alguna.

La idea de resolver un problema inexistente en la sociedad actual volviendo a una Ley más restrictiva basada en los supuestos, tal y como en su día fue la del año 85, abandonando la Ley de plazos del 2010 supone una aberración jurídica que genera más problemas que resuelve y que, en el fondo, resulta más insegura, incluso para los que creen en una restricción del derecho al aborto, ya que esta forma de legislar impone una mayor discreccionalidad consecuencia de la interpretación de la norma, mientras que la Ley de plazos resulta de mayor objetividad y por tanto, fortalece el principio de seguridad jurídica que toda Ley debe perseguir.

Pero en tiempos de siembra de votos parece que tampoco, en este caso, veremos al gobierno recapacitar, sobre todo si tenemos en cuenta que el ministro Gallardón afirma que esta es la Ley más progresista del gobierno.

De nuevo sobre las Tasas Judiciales

El Tribunal Supremo deliberará esta semana sobre varios recursos que cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales.
Esperemos que se pongan de parte del ciudadano y dejen el afán recaudatorio para otros.

Gestación por sustitución

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estudiará esta semana la inscripción en el Registro Civil de una filiación consecuencia de una gestación por sustitución.

El Supremo debe abordar esta semana esta cuestión novedosa que afecta cada vez a más personas. En concreto el recurso a estudiar concierne a la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de dejar sin efecto la inscripción realizada en el Registro Civil Consular de Los Ángeles (EE.UU.) por parte de un matrimonio homosexual de nacionalidad española que figuraba como padres de sus gemelos, concebidos a través de una madre de alquiler en dicho país

Esperemos que el Tribunal Supremo fuerce al gobierno a legislar sobre esta materia y procure la seguridad jurídica necesaria a los afectados ya que hasta ahora la única salida que tienen es la de obtener la inscripción registral de los recién nacidos al amparo de una homologación por parte de un juzgado de primera instancia español de la sentencia dictada en el país donde se llevó a cabo la gestación por sustitución reconociendo la filiación y de este modo validar en España tal reconocimiento. Este procedimiento está funcionando con la homologación de sentencias dictadas en EEUU pero deja al arbitrio del juzgado español una cuestión tan delicada como esta y que necesita ya una regulación adecuada en España que garantice los derechos de los afectados

No a las Tasas Judiciales

En Julio Sánchez Abogados estamos en contra de las tasas judiciales.

Nuestro sistema judicial es obsoleto, no atiende al justiciable como se merece, independientemente de que sea demandante o demandado, imputado o víctima, profesional o usuario.Pero sus males no están en el acceso a la justicia si no en un sistema anquilosado y reformado a parches sin que se haya acometido una reforma real de los procedimientos que los convierta en ágiles y eficaces y sin que se procure un acceso a la función judicial con una adecuada preparación, práctica y teórica, que haga competitivos a los jueces y funcionarios de la Administración de Justicia en términos de calidad como se exigiría en una empresa privada del tamaño y responsabilidad similar a la que administran.

No a las tasas judiciales y SÍ a una reforma en profundidad del sistema judicial.

            Alberto Ruiz-Gallardón, presentará el jueves 12 de diciembre en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que reforma el Código Penal. Una de sus principales novedades será la introducción de la controvertida prisión permanente revisable y la ampliación de la libertad vigilada a los condenados que hayan finalizado el cumplimiento de la pena. Aunque la aplicación de la prisión permanente revisable quedaría reservada a delitos especialmente graves resulta contraria a nuestra tradición histórica y a los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y en concreto los relativos a la rehabilitación y reinserción social de la pena como finalidad última de la prisión. En todo caso resulta muy peligroso legislar con fines electoralistas y sin la debida reflexión ya que ponerse, aparentemente, de parte de las víctimas solo para mejorar la propia imagen trae consecuencias a largo plazo de difícil cálculo de las que recientemente hemos tenido un ejemplo con la Doctrina Parot, si durante tanto tiempo no se hubiese alimentado la falsa sensación de que esa Doctrina era acertada no hubiese sido tan alarmante para la sociedad la puesta en libertad de presos sin cumplir con todos los grados penitenciarios necesarios para su adecuado control sobre todo cuando la mayoría de los juristas sabíamos, y supongo que también el gobierno de la nación, que estaba cantado, que tarde o temprano, nos iban a enmendar la plana.