En una sociedad
democrática la legislación debe regirse, entre otros principios, por el de
evolución y adaptación a los cambios sociales, por tanto, el progreso debería
ser un ideal de fondo de cualquier cambio legislativo, sin embargo la nueva Ley
de Interrupción del embarazo que se nos anuncia por el gobierno provoca una
involución que, además, no tiene justificación social alguna.
La
idea de resolver un problema inexistente en la sociedad actual volviendo a una
Ley más restrictiva basada en los supuestos, tal y como en su día fue la del
año 85, abandonando la Ley de plazos del 2010 supone una aberración jurídica que genera
más problemas que resuelve y que, en el fondo, resulta más insegura, incluso para
los que creen en una restricción del derecho al aborto, ya que esta forma de
legislar impone una mayor discreccionalidad consecuencia de la interpretación de
la norma, mientras que la Ley de plazos resulta de mayor objetividad y por
tanto, fortalece el principio de seguridad jurídica que toda Ley debe
perseguir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario